Por Teresa “Pinina” Iguarán
Según un estudio arrojado por la revista The Lancet, una de 4 mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia por un hombre, es decir, el 27% de mujeres en el planeta han sufrido ataques. Como mujer me pregunto ¿Cuál es el mayor motivo para que ocurra un feminicidio? Desde lo racional, no encuentro respuesta. No hay razón válida para explicar el homicidio de una mujer, ni tampoco de la mujer al hombre.
Más bien, considero que no existen condiciones sociales, culturales e institucionales que funcionen adecuadamente. Si bien, el sistema y la normativa social nos garantizan valores que protegen la vida y condenan el trato ofensivo, de igual forma la institucionalidad ha desarrollado normas para proteger a la mujer de la violencia y en especial del feminicidio, pero lastimosamente no funcionan. Importante revisar estos temas pero que no queden en mera investigación, exhorto a cientistas sociales poder arrojar resultados de investigaciones aplicadas que permitan robustecer o cambiar el modelo para dar soluciones inmediatas, así contribuimos al fallido sistema y la sociedad.
Por otro lado, en cuanto a sociedad y cultura es mucho lo que tenemos que examinar, partiendo de las premisas interrogativas ¿Estamos educando bien a nuestros hijos? ¿tenemos adecuadas pautas de crianza? ¿Qué estamos aportando desde la ética y la moral para no violentar? En la institucionalidad ¿Presentan aproximaciones la formulación y ejecución de las políticas publicas de salud mental? ¿En nuestro departamento cómo vamos en la ejecución de la misma? Ante todo lo anterior también deberíamos interrogarnos sobre la política pública sobre derechos de la mujer: acciones concretas, garantías y restablecimiento, debido a que estas dos políticas cimentarían los procesos de gestión pública para disminuir los niveles de violencia sexual, psicológica, económica y física.
Adicionalmente, se hace necesario detenerse en la labor que cumple el ICBF, las Comisarias de Familia y la Policía Nacional y plantear soluciones de mejora para que puedan cumplir garantemente sus roles como determinantes de la ley. Finalmente, requerimos una mayor participación política para que la voz de la mujer se escuchada. En La Guajira, actualmente, ninguna mujer desempeña el cargo de alcaldesa y de 192 concejales solo el 12% son mujeres. Lamentablemente, sin representación no tenemos voz y sin voz no podemos exigir y hacer posibles los derechos que por naturaleza nos corresponden.
