Según el gerente Luis Guillermo Baquero, esta situación no solo entorpece gran porcentaje del desarrollo que se apalancaba para La Guajira en materia económica, sino también se resalta la intermitencia en materia de inversión social y generación de empleo.
“Si bien, el departamento es catalogado como epicentro de la transición energética de Colombia, aun se destacan los hechos reiterativos que impiden el fortalecimiento de esta potencia”, señaló.
Agregó que el principal reto para la construcción y operación de los proyectos en el territorio, va estrechamente relacionado con el licenciamiento ambiental y sobre todo con la consolidación de encuentros armónicos, de confianza y de largo plazo con las comunidades étnicas de zonas aledañas.
Baquero destacó que las empresas como Enel Colombia, se han aproximado a las comunidades siguiendo los principios constitucionales y los parámetros del Convenio 169 de la OIT, “Los pueblos indígenas tienen el derecho a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias y el derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan”.
Igualmente dice que esto sucedió a pesar del compromiso de las empresas en el relacionamiento y cumplimiento de acuerdos con las comunidades. “Los intereses particulares y conflictos entre comunidades indígenas superan el propósito de generar un bienestar equitativo. Como sector minero energético se ha acudido a las instancias locales, departamentales y nacionales con el firme propósito de establecer un equipo que trabaje de la mano de las comunidades por el desarrollo colectivo de La Guajira”, enfatizó.
Pidió más apoyo del gobierno nacional, reglas claras y articulación institucional para asegurar el desarrollo de las operaciones de manera ininterrumpida.
