La operación de Cerrejón continúa afectada, desde el pasado 8 de noviembre, por un bloqueo ilegal en el kilómetro 4 de la línea férrea. Esta interrupción, generada por un grupo reducido de extrabajadores, que salieron de la compañía hace más de 20 meses en estricto cumplimiento de los requerimientos de Ley, impide el transporte de carbón de la mina a Puerto Bolívar y el abastecimiento de suministros esenciales para la actividad minera.
Las personas que realizan los bloqueos están exigiendo, con vías de hecho, ser reintegrados de manera inmediata, con salario retroactivo desde que salieron de la empresa, o una indemnización mayor a lo establecido en la Ley y a los beneficios extraordinarios que ofreció la empresa a la terminación de los contratos de trabajo.
Cerrejón está demostrando su actitud abierta al diálogo con estas personas. De hecho, ya ha mantenido cinco espacios de conversación con representantes de los extrabajadores, dos de ellos con presencia del Ministerio del Trabajo, en los que ha sido imposible establecer mesas de trabajo que permitan levantar las vías de hecho.
“Los bloqueos ilegales impiden la operación normal de las operaciones y tienen graves afectaciones para la empresa, los trabajadores, las comunidades, la región y el país. Por esa razón, hacemos un llamado a las autoridades para que se retire el bloqueo actual que afecta a miles de personas”, señala Luis Eduardo Marulanda, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Cerrejón.
De prologarse esta situación, se está amenazando la estabilidad laboral de más de 11.000 personas, entre trabajadores directos y contratistas, y supone una pérdida diaria para el Estado colombiano de más de 22.000 millones de pesos, en concepto de impuesto sobre la renta.
