Cerrejón ha capacitado, entre 2021 y lo que va del 2022, a más de 3.000 miembros de su personal en temas relacionados con Empresa y Derechos Humanos. La compañía se ha propuesto capacitar a su equipo en el respeto por todos los grupos de interés y empoderarlos como actores fundamentales en la implementación de las políticas y estándares que aseguren el respeto de los derechos humanos en el desarrollo de su operación.
Las capacitaciones realizadas, además de abordar los contenidos asociados al proceso de debida diligencia de derechos humanos que tiene Cerrejón y todas las acciones que están en marcha, exponen casos de la vida real que pudieran llegarse a presentar en la operación y da pautas sobre cómo gestionarlos, permitiéndoles comprender e interiorizar los conceptos y definiciones expuestos en la capacitación.
“En Cerrejón estamos comprometidos con respetar y promover los Derechos Humanos mediante la gestión responsable de nuestros riesgos e impactos sobre trabajadores, comunidades y el medio ambiente. Una muestra de ello es que, desde 2005, contamos con una Política de Derechos Humanos, que se fortaleció con la entrada en vigor de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos en 2011, que nos han permitido fortalecer la gestión integral de los mismos y que venimos implementando hasta la fecha”, manifestó Luis E. Marulanda, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Cerrejón.
Adicionalmente, en el primer semestre del año, han sido capacitados 694 vigilantes de las dos empresas de vigilancia privada que prestan servicios a Cerrejón, a quienes se socializó la Política de Derechos Humanos de la empresa. Por otro lado, 290 miembros de la Fuerza Pública, entre los cuales se encuentra personal del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea, han recibido la socialización de los compromisos de Cerrejón con el estándar de Principios Voluntarios.
Cerrejón cuenta con un proceso de debida diligencia que le permite la identificación, prevención, mitigación y compensación de los impactos causados por la operación, fortalecer el diálogo con sus grupos de interés y adelantar procesos de revisión del desempeño y mejora continua. De esta manera, evita afectaciones de Derechos Humanos y responde a las solicitudes de diversos actores, como accionistas, compradores, organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional y comunidades, entre otros.
