Ya han transcurrido tres años desde que el 8 de mayo de 2017 la Corte Constitucional, en un fallo histórico (T-302), en respuesta a la acción incoada por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, tendiente a que la Corte Constitucional declarara el Estado de cosas inconstitucional en La Guajira.
A la Corte Constitucional se le acabó la paciencia y en su Auto, tras una dura reprimenda contra todas las entidades y autoridades “accionadas y vinculadas”, empezando por el Gobierno nacional, las conmina a cumplir sus requerimientos, tanto más en cuanto que con la pandemia se han exacerbado las causales que determinaron la actuación tanto por parte de la CIDH como de la la Corte Constitucional.
