Luego de que la Procuraduría General de la Nación, hallará deficiencias en los procesos de selección de los operadores de programas de primera infancia en La Guajira, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, se encuentra en aprietos por la no suscripción e inicio de la ejecución de contratos para dar cobertura del mismo en las comunidades wayuu.
El Ministerio Público, en sus acciones preventivas, evidenció que el cambio de modelo para la atención integral de los wayuu en los municipios priorizados de Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure, ha ralentizado la contratación en la modalidad propia e intercultural con componente alimenticio de por lo menos 80 mil familias.
Otro de los tropiezos que ha encontrado el equipo de la procuradora Claudia Hernández, delegada segunda para la Vigilancia de la Función Pública, es que no hay un censo claro que permita determinar con certeza a cuántas comunidades, familias e individuos se les proporciona la atención.
En el mismo sentido se han evidenciado situaciones que deben ser objeto de análisis y revisión como los requisitos para los oferentes, la selección objetiva, los criterios aplicados y la implementación de invitaciones cerradas para la escogencia de los operadores.
“Y es que pese a la Sentencia T-302 de 2017 que declara el estado de cosas inconstitucionales frente a la comunidad Wayuu, en La Guajira, los incumplimientos y abandono por parte del Gobierno nacional se siguen dando en materia de salud y educación”, aseguró la Procuraduría.
