La Corte Constitucional asumió la competencia para conocer del cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, a través de la cual se declaró el estado de cosas inconstitucional en relación con el goce efectivo de los derechos a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la seguridad alimentaria de la niñez wayuu en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia del departamento de La Guajira.
Por este motivo, el estamento solicitó a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha que en el término de diez días contados a partir del día siguiente al del recibo de la notificación de esta providencia, remita a esta Corporación el expediente de la sentencia y todas las actuaciones cumplidas.
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Esto lo hizo en respuesta a la solicitud de la Veeduría para la implementación de la sentencia, en la que afirman que, después de tres años de este importante pronunciamiento, son pocos los avances que se pueden resaltar con respecto a la implementación de las órdenes dadas por la Corte.
La Veeduría, compuesta por varias organizaciones y expertas que han acompañado el proceso judicial, detallan que no se ha logrado consolidar un Plan de Acción con participación de las comunidades, ni se ha establecido un diálogo genuino con las autoridades indígenas, los entes de control y la sociedad civil.
El alto tribunal en el auto reciente, ordenó al ministerio del Interior, en un término de diez días, allegue a este Tribunal, a las comunidades de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia de La Guajira, y a la Veeduría Ciudadana, copia del registro audiovisual del proceso de divulgación y comunicación en wayuunaiki de la sentencia T-302 de 2017.
También se ordenó a la presidencia, a los ministerios involucrados y a otras entidades, al Departamento de La Guajira y a los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, que en el término de quince días, presenten un informe sobre las actuaciones realizadas para dar cumplimiento al numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia sobre la conformación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas.
Igualmente, dispuso la realización de una sesión técnica para el mes de abril de este año, cuya fecha se informará oportunamente, la cual se llevará a cabo en las instalaciones del auditorio que facilite la alcaldía del municipio de Uribia con la concurrencia de las comunidades, los accionados y vinculados, a quienes, a través de auto posterior se hará llegar el formulario de preguntas que deberán absolver en dicha diligencia.
Luego de ello, la Corporación en compañía de los asistentes a la sesión técnica, se desplazará a las comunidades “Nueva Venezuela” y “23 de abril”, ambas ubicadas a 20 minutos del casco urbano, donde se realizará diligencia de inspección judicial.
Dicha diligencia se celebrará de forma presencial; no obstante, si las condiciones sanitarias derivadas del covid-19 continúan para el mes de marzo de 2021 y se dificulta de manera considerable la realización de la sesión técnica bajo los protocolos de bioseguridad que se implementen, se dispondrá su realización virtual y se impartirán las instrucciones para que esta se lleve a feliz término.
