Ante la creciente crisis energética que afecta a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, la empresa Air-e ha emitido un comunicado en el que propone la creación de una comisión de alto nivel gubernamental para abordar las problemáticas del sector eléctrico. Esta iniciativa surge tras dos años de intentos fallidos por parte de la empresa para que los generadores reduzcan los costos energéticos, particularmente después del incremento artificial de un indexador en más del 40% durante 2021 y 2022.
En su comunicado, Air-e detalló que de los 23 agentes generadores, solo cuatro han ofrecido alguna reducción en los costos. Aunque los ajustes propuestos por estos generadores para 2024 ascienden a 4.900 millones de pesos en el primer mes, representan apenas un 2.9% del total de los contratos. Este escaso ajuste se enfrenta a un aumento del 400% en el precio de la bolsa energética, lo que genera un costo adicional de 30.000 millones de pesos solo para agosto, dejando una carga neta de 25.000 millones a los usuarios, incluso después de aplicados los descuentos.
La situación se agrava por el incremento en el costo de la energía en bolsa, que pasó de 145.000 millones de pesos en todo 2022 a 876.000 millones en 2023. Este aumento ha afectado gravemente a los usuarios en los tres departamentos mencionados, quienes enfrentan la posibilidad de no poder pagar los altos costos energéticos actuales.
Air-e ha ajustado su operación administrativa y financiera en respuesta a la suspensión temporal de la limitación del suministro, solicitada por alcaldes y gobernadores, la cual vence el 31 de agosto de 2024. Sin embargo, la empresa advierte que, si continúa comprando energía a los valores actuales de la bolsa o en el mercado de reventa, los usuarios no podrán asumir estos precios.
La empresa destaca que la negativa de las generadoras a vender energía a mercados percibidos como de «alto riesgo», donde reside población vulnerable, es un problema estructural. En este contexto, EPM ha sido la única empresa que ha adjudicado energía a precios justos para 2025, mientras que Air-e, a pesar de ofrecer garantías superiores a otras empresas como Celsia y Enel, no ha recibido ofertas de energía.
Ante esta situación, Air-e propone que la comisión de alto nivel examine la distribución de ganancias, la operación y el uso de los recursos económicos recogidos por los generadores, transmisores, comercializadores y distribuidores. La empresa ha asegurado que pondrá a disposición de esta comisión todos sus libros y registros financieros para que el país pueda entender claramente el destino de los fondos dentro del sector energético.
Finalmente, Air-e reitera su compromiso con la búsqueda de soluciones que protejan a los usuarios de la región Caribe, quienes merecen un servicio eléctrico justo y asequible.
