Por:Matty Gonzalez F.

El día que masacraron a su familia, Lucy Uriana no derramó una sola lágrima. Escondida en los matorrales – donde se refugió cuando empezaron a sonar  los primeros tiros-, escuchó el tableteo metódico de pistolas y escopetas que sembraban el terror donde poco antes reinaba la alegría. Salió  cuando se cercioró  que los vehículos de los cuales descendieron hombres armados  ya se habían ido. Como resultado 13 personas muertas.  Era el  28 de enero de 2001.

La noche anterior ella y sus familiares habían bajado de una finca de su propiedad, conocida como El Cumbre, hasta el  resguardo de Rodeíto- El Pozo, ubicado a  dos kilómetros del casco urbano del municipio de Hatonuevo, sur de La Guajira, para celebrar una fiesta, a la cual convidaron además a un grupo de amigos y conocidos. Y durante toda la noche rieron, bailaron, bebieron y comieron ajenos del todo a la amenaza que  los rondaba. Al fin y al cabo no tenían problemas o deudas con nadie. De modo que el festejo se prolongó hasta las 10 de la mañana del día siguiente, hora en la cual aquellos hombres descendieron de dos camionetas 4 puertas y sin mediar palabras dispararon indiscriminadamente contra la concurrencia.

El estupor de Lucy era terrible, pues hasta ayer su familia se había dedicado a las actividades tradicionales de su cultura, es decir, el pastoreo, el cultivo de la tierra y las artesanías sin que existiera razón alguna para temer un atentado como del  que había sido testigo y víctima en esa mañana aciaga. En una declaración posterior, sin embargo, Lucy reveló un hecho que daría claves sobre los móviles de la masacre. Precisó que su familia estaba inquieta por la presencia permanente en la zona de hombres fuertemente armados que no tenían parentesco alguno con los habitantes del sector, los cuales hacían rondas periódicas a lo largo y ancho de la vereda El Pozo,  de la cual hacen parte además las comunidades de Yaguarito y Rodeíto y cuenta con cerca de 700 habitantes.

Y es que por esos años se produjo la incursión en firme de los grupos al margen de la ley  en La Guajira, tal como ha sido ampliamente documentado por entidades gubernamentales y no gubernamentales del país.  En las postrimerías del siglo XX e inicios del XXI, en efecto, el departamento se volvió escenario del conflicto armado que azota al país desde hace más de cinco décadas, es decir, empezaron a hacer presencia en el territorio los distintos actores de la contienda, esto es, guerrilleros y paramilitares.

Pese a ello, las autoridades de policía del departamento no le dieron crédito alguno a la versión de los sobrevivientes de la masacre de El Pozo, según las cuales ésta no fue resultado de una venganza interclanil, es decir, de una guerra entre familias wayúu, sino de un ataque de grupos al margen de la ley como una retaliación contra miembros de la comunidad que habían denunciado su presencia cada vez más notoria en la zona.

En esa misma dirección se han pronunciado organizaciones de los wayúu, como el movimiento Fuerza de Mujeres Wayúu que, tras una investigación de lo ocurrido, concluyó que  “la lógica del ataque no respondía a los códigos de honor y de guerra wayuu” y manifiestan que “si en su momento no fueron desmentidas las versiones oficiales fue por temor”.

Pero hay un elemento más que los sobrevivientes han puesto sobre la mesa cada vez que se insiste en que ésta fue resultado de una guerra entre familias indígenas: según los usos y costumbres de este pueblo antes de empuñar las armas para cobrar una ofensa, los wayúu hacen uso de la palabra a través de una de sus instituciones más representativas: el palabrero, que es una especie de abogado que hace las veces de buen componedor para que los conflictos interfamiliares se resuelvan por medio del diálogo, lo cual no se ensayó en El Pozo.

Abandono y miseria

Lucy Uriana tenía 32 años  cuando ocurrió la masacre. 6 hijos y un esposo que quedó fuertemente traumatizado por un suceso que no tenía antecedentes en su comunidad. Y tal vez por ello al poco tiempo enfermó gravemente y murió. Entonces Lucy, que hasta ese momento había sido un ama de casa sin afugias económicas, quedó totalmente sola a cargo de “un cuadro de hijos”, y lo que es peor: señalada como responsable de lo ocurrido tanto por la familia de su esposo como por la suya propia. A raíz de esta circunstancia, la comida para mantener a sus hijos empezó a escasear. Sin embargo, un evento inesperado le señaló el camino para salir adelante.

Varios días después de los hechos, en efecto, Lucy recibió la visita de un sargento del Ejército Nacional perteneciente a la base asentada en el municipio de Hatonuevo. “Él me preguntó por mi situación, si ya había hecho almuerzo y yo le dije la verdad: que estábamos mal y no teníamos que cocinar.  Y él llamó a su gente y me entregaron unos mercaditos. Me aconsejó además que consiguiera un trabajo. Después de eso un amigo me consiguió uno en Barrancas, Guajira”, recuerda hoy. De ese empleo, que lo era de doméstica o de empleada  del servicio, Lucy se retiró luego de un mes, pues sus hijos no tenían quien los atendiera. Las dificultades domésticas volvieron, hasta que dio con otro trabajo en el llamado Corredor minero del propio Hatonuevo.

Allí estuvo durante 8 años largos fregando pisos, lavando ropa ajena, limpiando baños, siempre con una asignación mensual que a duras penas alcanzaba el salario mínimo. Y pese a que estaba cerca de sus hijos, sólo podía reunirse con ellos en horas de la noche después de una extenuante jornada que la mantenía ocupada entre 5:00 a.m. y 7:00 p.m. “Y como yo no podía estar pendiente de qué hacían ellos, mis dos hijas mayores salieron embarazadas”, precisa.

Luego de que abandonara ese oficio en el Corredor –“se acabó el contrato”- se empleó  nuevamente como doméstica en una casa de familia con una asignación mensual de $300.000. “Eran unas señoras que me insultaban y maltrataban todo el tiempo. Yo aguantaba humillaciones, hasta que un día una amiga me llamó para hacerle aseo a un campamento  nuevamente en el Corredor y ahí he estado hasta el sol de hoy”, señala.

Gracias a ese tesón y resiliencia  Lucy ha logrado mantener su familia a flote –“mis dos últimos hijos están estudiando”-, pero en el camino ha dejado regadas las lágrimas que no derramó la mañana en que la mala hora la sorprendió en El Pozo, lugar en el que permaneció hasta hace 2 años –“en un ranchito que se mojaba más adentro que afuera”- cuando fue favorecida con una vivienda de interés social donde habita con sus hijos menores. En su rostro no hay rencor, pero si una exigencia de verdad y justicia.

La vida sigue

Lucy Uriana está lejos de haber sido reparada integralmente 18 años después de ocurrida la incursión que le arrancó a su familia y la arrojó a una existencia azarosa signada por la pobreza y la violencia cultural. Y es que a pesar de que ha contado su historia cuantas veces se lo han pedido en las oficinas gubernamentales de atención a las víctimas, aún no hay una decisión definitiva para devolverla a ella y a los suyos lo que les fue arrebatado a sangre y fuego.

Estas circunstancias adversas, sin embargo, no le impiden a Lucy mostrarse como una persona tranquila, alegre y presta a participar de manera activa en las actividades comunitarias que se realizan en la Urbanización Mayalito II de Hatonuevo donde le fue asignada la vivienda de interés prioritarios –VIP-, entre ellas  Arte, biblioteca y cultura: escenarios para la paz  cuyo propósito es contribuir a la construcción de escenarios urbanos para la paz y la cultura.

“Yo no sé leer  ni  escribir muy bien, pero quiero seguir adelante y estoy muy motivada para aprender más, por eso participo de todas las actividades que traen”,  señala, mientras mira extasiada el horizonte en espera de la hora en que se remedie, así sea en parte, la injusticia mayúscula de que ella y su familia  fueron víctimas.

Epílogo

El de Lucy  Uriana es uno de los muchos casos que existen hoy en el territorio guajiro, los cuales siguen a la espera  de la prometida reparación, sin embargo es el  Estado quien debe asumir de manera más decidida estos procesos de inclusión social en el marco  de la  construcción de  una paz estable y duradera donde la participación de los actores involucrados –especialmente de las víctimas- sea real y efectiva.

Reconstruir relaciones después de un conflicto tan prolongado y sangriento no es tarea fácil, por eso es prioritario mirarlo a partir de  los procesos que se tejen en la  cotidianidad desde donde se pueden cimentar procesos que favorezcan la convivencia social, la resolución pacífica de conflictos y deslegitimen de manera radical el uso de la violencia.