Por Miller Sierra Robles – Comunicador Social y Gestor Cultural*.

La verdad, no cualquiera quiere estar en estos momentos en los zapatos del Gobernador de La Guajira, Wilbert Hernández Sierra. Cuestionamientos, acusaciones y hasta indagaciones por parte de la Procuraduría, a partir del escándalo que ocasionó el gazapo de un contrato, quizás el primero que realiza, el cual reza que beneficiará a 38 municipios, cuando La Guajira solo tiene 15. En el mismo párrafo se especifica que eran 38 instituciones educativas; incluso, posteriormente, se suscribió una modificación al contrato para que no quedaran dudas de que se refería a 38 instituciones educativas, no municipios. Pero las redes sociales no perdonan, con esa papaya puesta esparcieron el suceso como pólvora y, como dicen los viejos, se formó el “plesplé”.

Y en coro, en los medios nacionales gritaban airados que era el robo más infame y descarado aumentar la cantidad de municipios de un departamento. Así fue como escuché la entrevista que ha causado revuelo en Colombia; aquella en la que don Julio Sánchez Cristo, desde su trono de superioridad moral, con ese estilo que ya tiene patentado, pasa de periodista a verdugo y convierte a su entrevistado en delincuente cuando le dice, así, sin ningún atisbo de delicadeza “Gobernador, esa pirueta ya la conocemos. Eso de hacer convenios interadministrativos… evidentemente lo que busca es evadir una contratación transparente”. Una acusación directa de la que esperaba escuchar más adelante las evidencias, pero estas nunca llegaron.

Cuando escuché la entrevista iba en un taxi y el conductor expresaba airado que era un gran descalabro robarse 11 mil millones con un cursito de inglés, ¡Eso era demasiada plata!. Inmediatamente coincidí con él, tanta plata en un contrato y yo sin empleo, pensé. Pero emergió el análisis lógico de dividir esos 11.400 millones de pesos entre los diez meses de ejecución y los 38 colegios beneficiados: la respuesta fue treinta millones, una cifra que resulta bastante humilde para invertir en la formación de 480 docentes y 10.700 estudiantes, además, de la dotación tecnológica de treinta y ocho aulas de aprendizaje con un proyecto estatal.

Decidí escuchar nuevamente la entrevista prestándole mucha atención, tanto a las acusaciones disfrazadas de preguntas que hacían los periodistas, como a las respuestas que, apenas, le permitían expresar al gobernador, y me hice el mismo cuestionamiento que seguramente todos los guajiros se hacen: ¿Hubo realmente un acto de corrupción con el famoso contrato de bilingüismo? Pero la verdad es que no, porque, para que se pueda hablar de corrupción debe existir una ejecución dolosa o el manejo inadecuado de recursos públicos, que en este caso aún no se han girado, ya que la Gobernación de La Guajira no pactó anticipos, sino pagos parciales con la presentación de informes y el contrato ni siquiera ha iniciado.

De todas formas, ya me habían sembrado la desconfianza y no quise quedarme solo con las respuestas del gobernador Hernández; decidí hacer mis propias indagaciones. Aún no había buscado el contrato en Google, estaba en una diligencia bancaria y no podía usar mi celular, cuando escuché conversar del tema a dos señoras con una queja muy sentida: “Con tantas necesidades que tenemos en La Guajira, cómo se les ocurre gastarse nuestra plata en ese proyecto, esa plata debía invertirse en agua, en trabajo para la gente, en seguridad ante tantos robos…”.

Los que trabajamos en temas culturales hemos escuchado infinitamente esa queja de las personas que no entienden que, aunque existen recursos públicos de libre inversión, el grueso de los dineros del estado viene con destinación específica; es decir, que se deben invertir en el área a la que fueron girados. De ese modo, los recursos de educación solo pueden invertirse en dicho sector, igual en salud, vivienda, etc. Es como si su esposa le debiera a Yanbal y le exigiera que usted le diera su sueldo completo para pagar esa plata, entonces, usted seguramente le explicaría que también se necesita hacer el mercado, pagar el arriendo, el colegio de los niños, entre otras cosas.
Además, los recursos del afamado contrato bilingüe no son “nuestros”, al menos no solo de los guajiros, porque hacen parte del Fondo de Compensación del Ocad Regional Caribe; es decir, que están a disposición de los siete departamentos que conforman la región, quienes deben presentar proyectos viables que superen la rigurosa evaluación del Departamento Nacional de Planeación (DNP). ¿Se acuerdan de esa plata de regalías por la explotación de gas, petróleo y carbón que antes teníamos disponible los guajiros? Pues, ahora ya no la tenemos directamente. Ahora se accede a ella con proyectos presentados ante los Órganos Colegiados de Administración – OCAD; una cosa compleja y seria.

Estos son, generalmente, iniciativas de los ministerios para las regiones o solicitudes que hace la comunidad al señor Presidente en espacios de diálogo, como los talleres “Construyendo País”; iniciativas o solicitudes que deben convertirse en proyectos formulados en una metodología especial llamada MGA, que serán revisados incansablemente por el Ministerio del sector hasta que se logre aprobar su viabilidad, igual pasa con DNP, luego se hacen uno o varios OCADs hasta que, por fin es aprobado, después de lograr el voto positivo de los ministerios, universidades, departamentos y municipios que conforman la mesa técnica. Luego que los recursos son girados al ente territorial, viene la ejecución, que también es compleja, ya que mensualmente se debe rendir cuentas al DNP a través de una plataforma de seguimiento llamada Gesproy en la que se debe evidenciar cada acción que se vaya realizando; igual monitoreo en tiempo real le realizan la Contraloría y la Procuraduría del orden nacional, además, de las visitas de acompañamiento del Ministerio líder.

En conclusión, aunque no se puede decir que sea imposible robarse la plata de las regalías, debemos reconocer que sí está bien difícil, sobre todo para los entes territoriales, pues, la Nación mantiene en todo momento el control y vigilancia de estos recursos.

Con todo esto queda claro que con el proyecto de inglés en La Guajira, no se habían robado un solo peso. Pero, ¿Por qué presentar ese proyecto con tanta necesidad que hay? Bueno, resulta que el proyecto no es de Wilbert, de Wilson, de Weildler ni de Wilmer… ni mucho menos de la W que tanto lo ha atacado; es del Ministerio de Educación que debe dar cumplimiento a la Ley General de Educación y la Ley 1651 de 2013, las cuales coinciden en manifestar que un país con acceso equitativo de sus estudiantes a una lengua extranjera genera mayores oportunidades de empleo, construcción de conocimiento y desarrollo. Así nació “Colombia Bilingüe”, un programa del Ministerio de Educación, desde el cual diseñaron el proyecto tipo “Fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés de los estudiantes de establecimientos educativos oficiales” con el acompañamiento del DNP, como estrategia para el financiamiento del programa en los departamentos. Pero, ¿Qué son los famosos Proyectos Tipo? El Departamento Nacional de Planeación nos explica que “son soluciones estándar de alta calidad para que las entidades territoriales que requieran atender una problemática específica lo implementen en su territorio de manera ágil y eficiente”. O dicho de una forma más simple, son proyectos que vienen pre-formulados y las entidades públicas solo tienen que diligenciar la información específica de su territorio. Es decir, que las características conceptuales, metodológicas y presupuestales de los proyectos, vienen definidas desde el Ministerio del sector, en este caso el Ministerio de Educación.

Por tanto, los valores, actividades, estrategias y demás asuntos del tan cacareado proyecto de bilingüismo en La Guajira, han sido exhaustivamente evaluados desde el gobierno nacional… y colorín colorado… Nos dejamos meter cuento, una vez más, de las megaempresas que administran actualmente los medios de comunicación más reconocidos del país, que operan como grandes máquinas de entretenimiento y engaño. No digo que en La Guajira no hay corrupción; existe como en todo el país, pero de la vigilancia a la satanización de la administración pública, hay un trecho enorme. Informar con conocimiento, denunciar con evidencias, condenar desde el sistema legal… Lo demás es solo chisme.

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